La gripe de la desafección política

Es conocido que el virus de la gripe A (H1N1) puede afectarnos a todos por igual. Aunque en algunos casos es grave y, en otros, poco más que un simple constipado, nadie se escapa a su posible contagio. La gripe A no entiende de clases, ni de ideologías, ni de fronteras. Es distinto, en cambio, lo que ocurre en los últimos tiempos con otro virus que se está extendiendo con cierta virulencia y que puede resultar tan lesivo, o más, que el anterior. Se viene hablando con cierta intensidad del alejamiento de los ciudadanos de la política y de la clase política. Recientes casos de corrupción pueden explicar esa desafección. Sin embargo, este virus, el de la desafección política, tiene una particularidad respecto al de la gripe A: se propaga mucho más hacia la izquierda que hacia la derecha del espectro político.

Es evidente que los votantes de izquierda son inflexibles en relación a la exigencia de comportamientos éticos en la gestión de los recursos públicos. En cambio, los electores de las formaciones conservadoras demuestran otro grado de exigencia. Recordemos, si no, los resultados obtenidos por el PP en la Comunidad Valenciana en las recientes elecciones europeas, ya en pleno escándalo por el caso Gürtel, sazonado con personajes que parecen salidos de una película de Berlanga, como el inefable El Bigotes. En Catalunya la reciente operación liderada por el juez Garzón parece haber afectado más al PSC que a CiU, a pesar de la presunta implicación de dos altos cargos del gobierno nacionalista muy próximos a Jordi Pujol, y de que esta formación ya venía arrastrando el asunto de la subvención del Palau de la Música a su fundación Trias Fargas.

Estos y otros sucesos han derivado en la consabida desafección, que quiere presentarse, principalmente por la derecha mediática, como algo "masivo" y que demanda medidas "urgentes". Pero ese mensaje va dirigido principalmente a los votantes de izquierda, principal grupo de riesgo y propenso a la infección de ese virus. La derecha es inmune. Créanme.
Los políticos de este país no salen de una órbita especial, sino que emanan de la sociedad civil. Por tanto estamos delante de un fenómeno, el de la corrupción política, que no ha surgido de la nada, sino que es tan antiguo como la historia. Ya Tucídides, en su obra La guerra del Peloponeso, nos habla de las intrigas y escándalos de corrupción que se producen en Atenas mientras su ejército combate contra el de Esparta. Y en la actualidad creo sinceramente que el porcentaje de corruptos es similar en todos los países. La diferencia reside en cómo se actúa por parte de los poderes públicos cuando se detectan.

El PSC ha actuado de forma ejemplar e implacable cuando ha detectado un caso de corrupción. Ésta esincompatible con el socialismo. Pero es evidente también que además de actuar, ahora es el momento de proponer iniciativas concretas. Los ciudadanos lo exigen y nuestra democracia lo demanda. La lucha contra la corrupción debe aumentar su eficacia contra los comportamientos individuales de personas que, con su actitud indigna, rompen el compromiso que tienen con sus conciudadanos, pero no debe ir contra la práctica política, absolutamente imprescindible en democracia.
Por eso es fundamental que para recuperar la confianza en la política y hacia la clase política se adopten cuantas medidas sean necesarias. "Ante la corrupción, tolerancia cero" decía hace pocos días el president Montilla. Los socialistas apostamos de manera inequívoca por una política crítica, transparente y con un máximo de autoexigencia. Precisamente por ello, el PSC ya ha anunciado la creación de un Contrato de Servicio Público con el objetivo de garantizar la transparencia de los ingresos y el patrimonio de los cargos públicos elegidos en las listas socialistas.

Ahora bien, como reza el dicho, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Una sociedad democráticamente avanzada no puede cuestionar, en bloque, la honorabilidad de las personas que asumen responsabilidades políticas. Hacerlo sólo beneficia a la derecha y a determinados intereses de grupos de poder no sometidos a la sanción del sufragio universal, que pueden ver con simpatía el desprestigio del compromiso político como servicio público, que es la encarnación de la voluntad popular de la que se nutre la democracia.

Article publicat a la revista El Siglo 16/11/09

El nuevo aliado del catalanismo político

En los últimos tiempos CiU está más preocupada en solucionar cuestiones internas que en participar en asuntos de Estado. El asunto Millet y la donación de fondos del Palau de la Música a la Fundació Trias Fargas parece haber dejado a la federación nacionalista noqueada y ocupada principalmente en cuestiones de intendencia domestica. Tanto lío orgánico le ha impedido detectar que quizás debería haber jugado un papel más determinante en la política estatal. Un despiste que ha situado una vez más al PNV como socio preferente para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que han pasado ya su primer trámite parlamentario. Aunque quizás no haya existido tal despiste, sino que la decisión tomada por el partido de Mas haya sido totalmente consciente. Una estrategia calculada. Deliberada. Pero, sin duda, errónea.

Desde que gobierna Zapatero –también desde que ya no ostenta el poder en Catalunya–, CiU ha venido sistemáticamente buscando excusas y argumentos, uno tras otro, para tratar de justificar su posición contraria a la aprobación de los PGE. Me parece oportuno recordar que cuando ni siquiera se había escrito una sola línea del proyecto de Presupuestos para el año que viene ya anunciaron que no los iban a votar. En esta ocasión adujeron la excusa de la crisis: que si los PGE no servían para recuperar la economía; que si no generaban ocupación; que si iban en detrimento de las clases medias...

En cualquier caso, lo relevante es que, sea en épocas de crisis o de expansión económica, CiU no ha votado ni uno sólo de los seis Presupuestos Generales del Estado de los dos Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, en cambio, ¡sí votaron todos los de Aznar! La enmienda a la totalidad presentada por CiU obedece simplemente a un ejercicio de oportunidad política. Legítimo, ciertamente, pero irresponsable en los tiempos que corren, cuando lo que se requiere es la unidad de acción frente a la crisis económica. Fíjense cuál es el alcance de esa irresponsabilidad que hasta el PNV ha sido capaz de llegar a pactos con el Gobierno tan sólo seis meses después de haber perdido las elecciones en Euskadi. Por el contrario, CiU, en los seis años que lleva en la oposición en Catalunya ha renunciado a trabajar por el catalanismo político y sigue empeñada en hacerle el juego al Partido Popular.

Es evidente que CiU sólo tiene un objetivo: hacer seguidismo del PP para derribar el Gobierno de Zapatero. Sólo así puede entenderse la enmienda a la totalidad que también ha presentado contra la reforma de la LOFCA, la ley que va a recoger el nuevo sistema de financiación acordado por el Gobierno y la Generalitat y que es el mejor que jamás haya tenido Catalunya. Un acuerdo, dicho sea de paso, avalado y celebrado por la inmensa mayoría de la sociedad catalana y de los agentes económicos y sociales, y del que CiU ha decidido, incomprensiblemente, quedarse al margen.

Que la derecha española y la derecha catalana vayan juntas en materia económica y presupuestaria noes ninguna novedad. Es, incluso, lógico. Es, si me pemiten, la consecuencia de un proceso de selección natural. Lo novedoso y espepéntico en esta ocasión en que CiU haya decidido aliarse, en contra de los intereses de Catalunya, con el Partido Popular. Con el partido que ha recurrido el Estatuto al Tribunal Constitucional. Con el partido que ha recurrido al Constitucional la Ley de Educación de Catalunya y el modelo de convivencia lingüística. Con aquellos que limitan sistemáticamente la voluntad de autogobierno de Catalunya.

CiU ha decidido ir de nuevo de la mano del PP La misma alianza que los catalanes censuraron en el año 2003 y que les envió a la oposición. Y todo ello a cambio de garantizarse e apoyo de los populares en Catalunya para poder regresar al Gobierno de la Generalitat. Una alianza cada vez más evidente para intentar recu perar el poder que los ciudadano! les quitaron consciente y legítima mente. Porque saben que sólo var a poder gobernar si les salen la! cuentas con el PP. Es triste compro bar que mientras ellos van tejiendo esas complicidades, el Parlamente aprueba con el PNV los PGE que in cluyen el nuevo modelo de finan ciación y las inversiones en infraes tructuras en cumplimiento de lo que establece el Estatut. Parece como s el PNV hiciera más por el catalanis mo político que la federación nado nalista que dirige Artur Mas.

Article publicat a la revista El Siglo 26/10/09

Entrevista a TAC 12 08/10/2009

http://tac12.minisites.xtvl.tv/videos/fitxa/854

Artur Mas y la Trampa del Frente Común

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado acaba de llegar al Congreso. Mucho se ha hablado y escrito sobre él, especialmente sobre el capítulo de ingresos. Es cierto que un aumento de impuestos no es un anuncio que entusiasme a nadie: ni al Gobierno que tiene que llevarlo a cabo, ni a los ciudadanos que tendrán que pagarlos. Es evidente que es mucho más agradecido anunciar una rebaja fiscal. Y es también conocido que, entre los ciudadanos, hay quien hace frente a esa obligación con mayor convicción, quien los paga porque no tiene más remedio y hay también quien no los paga. Pero el Gobierno no toma sus decisiones en materia presupuestaria a golpe de encuesta o para ganar popularidad. Lo hace por responsabilidad. Y a pesar de la cruel caída de la actividad económica y de la ocupación, el Gobierno no quiere renunciar ni a uno solo de los avances conseguidos en nuestro Estado del Bienestar. Apuesta por garantizar la protección social alcanzada. No va a dejar a nadie tirado en la cuneta. Y eso implica obtener más recursos. Un poco más de esfuerzo fiscal de los ciudadanos para evitar que se produzca una fractura social.

Subir o bajar impuestos no es ni de derechas ni de izquierdas. Depende de cuándo y de cómo se haga. Lo importante es actuar con responsabilidad y coherencia. Y es imposible defender, como hacen otros, una bajada de impuestos y al mismo tiempo pedir un aumento del gasto público en todos los frentes: social, infraestructuras, financiación autonómica y local... Porque, sencillamente, así las cuentas no cuadran: o no se gasta lo que se dice que se va a gastar o, por el contrario, si se gasta todo lo prometido, se genera un déficit descontrolado.

La derecha, curiosamente, sólo defiende bajar los impuestos cuando está en la oposición. Cuando gobierna, ni reduce impuestos ni mucho menos construye Estado del Bienestar. El ejemplo más reciente es el de Angela Merkel en Alemania. Durante la reciente campaña electoral se comprometió a impulsar una rebaja fiscal, pero al día siguiente de su reelección matizó que esa rebaja no iba a ser inminente y la pospuso sine die, hasta que las circunstancias lo permitiesen...
De vuelta a nuestro país, y a los Presupuestos, el PP se apresuró a avanzar su voto en contra. Lo hizo el pasado mes de julio, mucho antes de que la vicepresidenta económica hubiera elaborado el borrador de presupuestos. Es una decisión política. Errónea en un momento de crisis, pero legítima. Hasta ahí ninguna novedad. Sorprende más el anuncio del voto en contra de CiU. No tanto por el sentido del mismo, pues basta con recordar que CiU no ha votado ninguno de los cinco anteriores PGE presentados por Zapatero. Tampoco ha apoyado ninguna de sus dos investiduras. Sí votó en cambio todos los presupuestos de Aznar. Y sus dos investiduras. La segunda, con mayoría absoluta del PP. Lo que sorprende precisamente es que, al igual que los populares, hayan anunciado con tanta anticipación el rechazo a los Presupuestos. Mucho antes de conocer su contenido. Esta celeridad sólo puede explicarse por su ansiedadpor pactar con el PP cuanto antes. Y es que la derecha catalana y la derecha española siempre van de la mano en materia económica y presupuestaria.

En esta táctica de aproximación al PP, sospechosa ha sido también la propuesta de Artur Mas de pedir un frente común de diputados catalanes en Madrid para evitar la subida de impuestos. ¿Qué pretende realmente Mas con esta propuesta? Como buen partido de derechas sabe perfectamente que no puede bajarlos, aunque quisiera. No lo hizo cuando fue conseller en cap de la Generalitat de Catalunya; ni tan siquiera propuso la supresión del Impuesto de Sucesiones. Y, peor aún, ¿cómo puede hacerlo, si no nos dice qué partidas deben reducirse? No es viable defender una bajada de impuestos y al mismo tiempo proponer medidas que impliquen un aumento del gasto. No es ni coherente, ni responsable.

No se engañen. El frente común de Mas no persigue ni la reducción de impuestos, ni la dinamización de la economía, ni el afianzamiento del Estado del Bienestar, ni cohesionar el catalanismo político. Nada de eso. Su frente común persigue simple y llanamente debilitar al Gobierno de Zapatero para aupar a Rajoy a la Presidencia del Gobierno y de rebote asegurarse su apoyo en Catalunya. A CiU le da igual si suben o bajan los impuestos. Lo que realmente quiere es regresar al Gobierno de la Generalitat cuanto antes. Y eso pasa por conseguir la complicidad del PP. Los guiños no han hecho más que empezar.

Article publicat a la revista El Siglo 05/10/09

El Tribunal Constitucional, el Estatut y la "teoría de Julia Roberts"

Hace unos años, mi profesor de Filosofía del Derecho de la facultad nos contó, para explicar los problemas que pueden surgir en la creación y la aplicación del Derecho, lo que él llamó la teoría de Julia Roberts. Este nombre tan poco jurídico, con el que bautizó esa teoría, tiene su origen en una escena protagonizada por la famosa actriz norteamericana en la película El informe pelícano. En ella, un profesor de Derecho Constitucional plantea en clase un caso real acerca del conflicto existente entre la competencia de un Estado que reguló por ley la sodomía para convertirla en un delito sexual y el derecho a la intimidad reconocido en la Constitución federal. El profesor pregunta a sus alumnos cuál creen que fue la decisión del Tribunal Supremo en ese asunto. Julia Roberts, alumna, toma la palabra y hace una defensa del derecho a la intimidad, afirmando que el Estado no puede tener competencia para limitar un derecho fundamental protegido en la Constitución y que, en consecuencia, la ley de aquel Estado debería ser declarada inconstitucional. Tras lo cual el profesor, resolviendo el problema que había planteado a sus alumnos, afirma: "Muy bien argumentado, pero lamento decirte que el Tribunal Supremo dijo todo lo contrario". A lo que Julia Roberts responde: "Pues si es así, ¡el Tribunal Supremo se equivocó!"

El Tribunal Constitucional español tiene que resolver acerca de la constitucionalidad del Estatut de autonomía de Catalunya. El irresponsable recurso interpuesto por el PP le obliga a ello. Sin embargo, otros Estatutos con preceptos idénticos o similares al catalán, perviven inmunes en nuestro ordenamiento jurídico, simplemente porque el PP no apreció motivo alguno para recurrirlos. No sólo eso, sino que encima los votó. Así pues, el TC tendrá que pronunciarse. Pero el juicio de constitucionalidad que tiene que realizar no consiste en buscar argumentos para declarar inconstitucionales preceptos del Estatut por el simple hecho de que éste ha sido recurrido. Nuestra Constitución no le atribuye la potestad para actuar como un legislador negativo con capacidad para expulsar, discrecionalmente, normas de nuestro ordenamiento jurídico. De ser así, el TC tendría poderes para corregir, a su antojo, la voluntad del Parlamento. Y el TC no puede sustituir al poder legislativo. Todo lo contrario.

En su examen de constitucionalidad, el TC está sujeto al llamado principio de conservación de la norma y su misión consiste principalmente en encontrar alguna interpretación de la ley recurrida, del Estatut en este caso, que sea conforme a la Constitución. Debe buscar una interpretación que tenga como finalidad última preservar la ley aprobada por el Parlamento. Esto es, debe encontrar criterios que permitan mantener la norma en el ordenamiento jurídico, puesto que es el poder legislativo quien la ha aprobado en expresión de la soberanía popular. Porque ningún Parlamento hace leyes a sabiendas de que son inconstitucionales. Y porque, además, en este caso se ha hecho con voluntad inequívoca de respeto al marco constitucional. De ahí que, en la medida que el TC sea capaz de encontrar aunque sólo sea una interpretación constitucional de la ley que examina, debe conservarel texto de la norma. En definitiva, el TC debe trabajar para encontrar una interpretación de la ley que tenga cabida en el marco de la Constitución, y no para buscar elementos de inconstitucionalidad.

El Tribunal podría declarar inconstitucional el Estatut. En efecto, jurídicamente podría hacerlo, puesto que en el juicio que realiza para comprobar la adecuación del texto a la Constitución, podría apreciar que sobre algún precepto no hay interpretación posible que tenga cabida en el marco de nuestra norma fundamental. Pero, y aquí regreso a la teoría de Julia Roberts, el Tribunal tiene que ser consciente de lo que tiene entre manos, y de lo que significa política y constitucionalmente el Estatut. En su examen de constitucionalidad, el TC debe ser muy consciente de que el Estatut no es una norma cualquiera. Su aprobación, así como la de todos aquellos otros Estatutos que se reformaron en la anterior legislatura, implica la elaboración de un nuevo pacto autonómico. La voluntad política de avanzar en la concepción de nuestro Estado de las autonomías, superando una primera fase fructífera, pero ya agotada. Significa la plasmación de una voluntad mayoritaria, de reescribir las bases de nuestra arquitectura institucional. Es una voluntad cuasi-constituyente. Es un pacto originario de derecho. Un nuevo pacto constituyente que el TC no puede ni debe ignorar.El TC puede declarar inconstitucional el Estatut. Pero lo que no puede hacer en ningún caso es equivocarse. ¡Eso lo sabe hasta Julia Roberts!

Article publicat a la Revista El Siglo 14/09/09

La inmunidad como garantía

En pocos días el Congreso y el Senado iniciarán la tramitación de sendos suplicatorios solicitados por el Tribunal Supremo para procesar a dos parlamentarios. La fundamentación jurídica a esta petición está en la Constitución. El art. 71.2 establece que “durante el periodo de su mandato los diputados y senadores gozarán (...) de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva”. Esa autorización es el suplicatorio.
Hay quienes piensan que la existencia de esta institución es muy discutible en un Estado de derecho. Que puede ser un anacronismo. Pero lo cierto es que la legitimidad de la inmunidad sigue teniendo sentido y no puede entenderse nunca como un privilegio personal. Ni como un beneficio particular de un parlamentario para impedir que sus conductas sean fiscalizadas por jueces y tribunales. Al contrario, la inmunidad sólo tiene sentido democrático en nuestro sistema en atención a las funciones parlamentarias que quiere preservar y a los valores y funciones constitucionales en juego. De ahí que la amenaza frente a la que protege la inmunidad sea política, nunca personal. Consiste en impedir que la vía penal se use con intencionalidad política para perturbar el funcionamiento de las Cámaras o alterar la composición que les dio la voluntad popular. Estamos pues ante una garantía objetiva del funcionamiento democrático del Parlamento.
Así, en la tramitación del suplicatorio, las Cámaras no asumen el papel de un tribunal que juzgue la culpabilidad o inocencia de un parlamentario. Ni determinan la improcedencia de las acciones penales contra parlamentarios. Deben limitarse a evaluar si la motivación de los jueces es política o jurídico-penal, con la única finalidad de evitar que se produzcan detenciones o procesamientos por motivos políticos. Y sólo en el primero de los casos, se justificaría la denegación del suplicatorio.
La inmunidad conlleva otra garantía: el aforamiento. Esto es, que “en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. Es también la Constitución la que lo determina. Dos son los argumentos que lo legitiman. Primero: se entiende que los parlamentarios, no por ser quienes son sino en atención a la institución a la que representan, gozan de especial protección. Una protección que justifica que sea el órgano superior de todos los órdenes jurisdiccionales el que conozca sobre sus causas. De no ser así, bastaría cualquier incriminación judicial, de cualquier instancia, para pedir un suplicatorio, lo que aumentaría el riesgo que la Constitución quiere evitar cuando prevé la garantía de la inmunidad; que por motivos políticos, se pueda alterar la voluntad popular. En segundo lugar, porque esa especial protección impide que exista una pluralidad de posiciones distintas en la jurisdicción ordinaria y la consiguiente dispersión de jurisprudencia sobre supuestos parecidos. En definitiva, el aforamiento garantiza la unidad de criterio y la máxima especialidad jurisdiccional.
Ambas instituciones son mejorables y susceptibles de reflexión sobre su articulación. Sin duda. Pero nadie puede dudar de su legitimidad y oportunidad tanto constitucional como democrática.

Article publicat al diari El Pais el 04/09/09

Del "peix al cove" al respeto por Catalunya

El acuerdo de financiación alcanzado la semana pasada supone un éxito en muchos sentidos. Es el éxito de la negociación, de la política, del respeto y la lealtad institucional. Del logro de un sistema bueno, justo y equitativo para Catalunya y para el conjunto del Estado.

Durante muchos años habíamos estado acostumbrados a que las negociaciones con el Estado en nombre de Catalunya las había llevado CiU desde sus posiciones de responsabilidad al frente de Gobierno de la Generalitat. A una forma de negociar, casi de mercadeo, que supuso la consolidación de una actitud de reivindicación constante con el Estado. De la expresión continua y permanente de un falso sentimiento de agravio colectivo.

En esta ocasión ha triunfado una nueva forma de hacer política. La de la negociación firme, pero flexible a la vez. La de la exigencia de las legítimas aspiraciones de Catalunya y la de la lealtad institucional en la negociación. Como no podía ser de otra manera, puesto que el objetivo era llegar al acuerdo.

Fíjense si llega a ser distinto el proceso, que incluso en las formas de su presentación nada tiene que ver con el anuncio del acuerdo de financiación que el año 2001 firmaron de forma desesperada CiU y PP. Aquél se selló en una cena en el Hotel Majestic. En la foto, Aznar con aires de mayoría absoluta y un Pujol muy debilitado políticamente que tuvo que pactar precipitadamente y a la baja un mal acuerdo para Catalunya. Sin embargo, el anuncio de este nuevo acuerdo se hace mediante una declaración institucional solemne del president Montilla en el Palau de la Generalitat. ¡Qué gran diferencia! En el fondo y en las formas...

Pero lo más sorprendente de todo este proceso ha sido la posición mantenida por CiU. Artur Mas se lo ha jugado todo a una carta. Duran no tuvo nada que hacer. Se la ha jugado al fracaso del proceso de negociación. A que todo saltara por los aires. A debilitar al Gobierno de la Generalitat y a prepararse para ganar las próximas elecciones. Una actitud que resulta francamente decepcionante, por no decir irresponsable, para un partido que ha gobernado Catalunya durante 23 años. CiU antepuso los intereses de partido a los intereses de país. ¡Qué torpeza! Patinazo histórico que sólo puede explicarse por las prisas de CiU por recuperar el Gobierno de la Generalitat.

La consecución de un buen modelo de financiación es fundamental para todos. Para un país entero, para los ciudadanos. Pero también para los Gobiernos que deberán gestionar esos recursos para garantizar una mejor calidad de los servicios públicos fundamentales. En definitiva, un buen modelo de financiación sirve para poder hacer política. Para hacer políticas. Y los recursos van a ser los mismos, con independencia de qué color político sea el president de la Generalitat. Por eso CiU debió entender que el nuevo modelo de financiación era una cuestión de país. Pero ahí estuvieron más despistados que patrióticos.

Y además cometieron un error de principiante. Para dificultar aún más la consecución del acuerdo, CiU entró de lleno en el debate de las cifras. Cuantificó las cantidades que el nuevomodelo tenía que aportar. Ignorando que lo relevante debe ser la definición del modelo. Y claro, el problema de entrar en un debate de cifras es que te las pueden igualar e incluso superar. Y así ha sido. Se ha conseguido un magnífico modelo de financiación que es expresión de la aplicación del Estatut con la máxima ambición. Y, además, los recursos adicionales que ese modelo va a aportar, no sólo son razonables, sino que además son muy buenos. Tan buenos que la reacción de todos los estamentos económicos, sociales y políticos así lo entienden y celebran.

Todos menos CiU, que está noqueada y aislada políticamente. Desconcertados porque la negociación ha sido exitosa; porque los tres partidos que conforman el Gobierno de la Generalitat siguen unidos y salen fortalecidos; por la reacción unánime en Catalunya y en toda España y, sobre todo, por la súbita sensación de error y de soledad. CiU se ha equivocado y lo sabe. Ha empequeñecido de un día para otro. CiU está sola y en la oposición (ahí con el PP, de nuevo). Pero aún está a tiempo de rectificar, de volver al consenso, de reconocer las virtudes del acuerdo y del modelo. Todo el mundo se lo está pidiendo. Que vuelva a la moderación, a la sensatez, a la unidad. Pero no lo va a hacer porque su orgullo le impide reconocer que alguien que no sean ellos pueda llegar a hablar y pactar en nombre de Catalunya y encima alcanzar un acuerdo que la respete. Eso es, ni más ni menos, que el triunfo del catalanismo político. ¡Y reconocerlo, duele!

Article publicat a la revista El Siglo 20-07-09