dissabte, 28 de novembre de 2009

El TC, el Esatut y la teoría de Julia Roberts

A raíz del apasionado debate que en los últimos días se está generando sobre la más o menos inminente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, me vino a la cabeza una teoría que hace unos años me contó mi profesor de Filosofía del Derecho en la facultad, para explicar los problemas que pueden surgir en la creación y la aplicación del derecho. La llamó la teoría de Julia Roberts.

Este nombre tan poco jurídico tiene su origen en una escena protagonizada por la famosa actriz norteamericana en la película El informe pelícano. En ella un profesor de Derecho Constitucional plantea en clase un caso real sobre el conflicto existente entre la competencia de un Estado que reguló por ley la sodomía para convertirla en un delito sexual y el derecho a la intimidad reconocido en la Constitución federal. El profesor pregunta a sus alumnos cuál creen que fue la decisión del Tribunal Supremo en ese asunto. Julia Roberts, alumna, hace un alegato en defensa del derecho a la intimidad, afirmando que el Estado no puede tener competencia para limitar un derecho fundamental protegido en la Constitución y que, en consecuencia, la ley del Estado debería ser declarada inconstitucional. Tras lo cual el profesor, resolviendo el problema que había planteado, afirma: "Muy bien argumentado, pero lamento decirte que el Tribunal Supremo dijo todo lo contrario". A lo que Julia Roberts responde: "¡Pues si es así, se equivocó!".

El TC español tiene que resolver acerca de la constitucionalidad del Estatut de Catalunya. El recurso interpuesto por el PP le obliga a ello. A pesar de que otros Estatutos con preceptos idénticos o similares al catalán, van a pervivir inmunes en nuestro ordenamiento jurídico, simplemente porque el PP no apreció motivo alguno para recurrirlos. No sólo eso, sino que encima los votó. Así pues, el TC tendrá que pronunciarse. Pero el juicio de constitucionalidad que tiene que realizar, no consiste en buscar argumentos para declarar inconstitucionales preceptos del Estatut. Nuestra Constitución no le atribuye la potestad para actuar como un legislador negativo con capacidad para expulsar discrecionalmente, normas de nuestro ordenamiento jurídico. De así ser, el TC tendría poderes para corregir, a su antojo, la voluntad del Parlamento. Y el TC no puede sustituir al poder legislativo. Todo lo contrario.

En su examen de constitucionalidad, el TC está sujeto al llamado principio de conservación de la norma y su misión consiste principalmente en hallar alguna interpretación de la ley recurrida que sea conforme a la Constitución. Debe buscar una interpretación que tenga como finalidad última, preservar la ley aprobada por el Parlamento. Encontrar criterios que permitan mantener la norma en el ordenamiento jurídico, puesto que es el poder legislativo quien la ha aprobado en expresión de la soberanía popular. Y ello es así porqué, obviamente, ningún Parlamento hace leyes, a sabiendas de que son inconstitucionales. De ahí que, en la medida que el TC sea capaz de encontrar aunque sólo sea una interpretación constitucional de la ley que examina, debe conservar el texto de la norma. En definitiva, el TC debe trabajar para hallar una interpretación de la ley que tenga cabida en el marco de la Constitución, y no para buscar elementos de inconstitucionalidad.

A pesar de ello, el Tribunal podría declarar inconstitucional aspectos del Estatut. En efecto, jurídicamente podría hacerlo, puesto que en el juicio para la adecuación del texto a la Constitución, podría apreciar que sobre algún precepto no hay interpretación posible que tenga cabida en el marco de nuestra norma fundamental. Pero, y aquí regreso a la teoría de Julia Roberts, el TC tiene que ser consciente de lo que tiene entre manos, y de lo que significa política y constitucionalmente el Estatut. En su examen de constitucionalidad, el TC debe ser muy consciente que el Estatut no es una norma cualquiera. Su aprobación, y la de todos los otros Estatutos que se reformaron en la anterior legislatura, implica la elaboración de un nuevo pacto autonómico. La voluntad política de avanzar en la concepción de nuestro Estado de las autonomías, superando una primera fase fructífera, pero ya agotada. Significa la plasmación de una voluntad mayoritaria de reescribir las bases de nuestra arquitectura institucional. Es una voluntad cuasi-constituyente. Es un pacto originario de derecho. Un nuevo pacto constituyente que el TC no puede ni debe ignorar. El TC puede declarar inconstitucional algún precepto del Estatut. Pero lo que no puede hacer en ningún caso es equivocarse. Eso lo sabe hasta Julia Roberts.

Article publicat a El Pais el 27/11/09

divendres, 20 de novembre de 2009

La gripe de la desafección política

Es conocido que el virus de la gripe A (H1N1) puede afectarnos a todos por igual. Aunque en algunos casos es grave y, en otros, poco más que un simple constipado, nadie se escapa a su posible contagio. La gripe A no entiende de clases, ni de ideologías, ni de fronteras. Es distinto, en cambio, lo que ocurre en los últimos tiempos con otro virus que se está extendiendo con cierta virulencia y que puede resultar tan lesivo, o más, que el anterior. Se viene hablando con cierta intensidad del alejamiento de los ciudadanos de la política y de la clase política. Recientes casos de corrupción pueden explicar esa desafección. Sin embargo, este virus, el de la desafección política, tiene una particularidad respecto al de la gripe A: se propaga mucho más hacia la izquierda que hacia la derecha del espectro político.

Es evidente que los votantes de izquierda son inflexibles en relación a la exigencia de comportamientos éticos en la gestión de los recursos públicos. En cambio, los electores de las formaciones conservadoras demuestran otro grado de exigencia. Recordemos, si no, los resultados obtenidos por el PP en la Comunidad Valenciana en las recientes elecciones europeas, ya en pleno escándalo por el caso Gürtel, sazonado con personajes que parecen salidos de una película de Berlanga, como el inefable El Bigotes. En Catalunya la reciente operación liderada por el juez Garzón parece haber afectado más al PSC que a CiU, a pesar de la presunta implicación de dos altos cargos del gobierno nacionalista muy próximos a Jordi Pujol, y de que esta formación ya venía arrastrando el asunto de la subvención del Palau de la Música a su fundación Trias Fargas.

Estos y otros sucesos han derivado en la consabida desafección, que quiere presentarse, principalmente por la derecha mediática, como algo "masivo" y que demanda medidas "urgentes". Pero ese mensaje va dirigido principalmente a los votantes de izquierda, principal grupo de riesgo y propenso a la infección de ese virus. La derecha es inmune. Créanme.
Los políticos de este país no salen de una órbita especial, sino que emanan de la sociedad civil. Por tanto estamos delante de un fenómeno, el de la corrupción política, que no ha surgido de la nada, sino que es tan antiguo como la historia. Ya Tucídides, en su obra La guerra del Peloponeso, nos habla de las intrigas y escándalos de corrupción que se producen en Atenas mientras su ejército combate contra el de Esparta. Y en la actualidad creo sinceramente que el porcentaje de corruptos es similar en todos los países. La diferencia reside en cómo se actúa por parte de los poderes públicos cuando se detectan.

El PSC ha actuado de forma ejemplar e implacable cuando ha detectado un caso de corrupción. Ésta esincompatible con el socialismo. Pero es evidente también que además de actuar, ahora es el momento de proponer iniciativas concretas. Los ciudadanos lo exigen y nuestra democracia lo demanda. La lucha contra la corrupción debe aumentar su eficacia contra los comportamientos individuales de personas que, con su actitud indigna, rompen el compromiso que tienen con sus conciudadanos, pero no debe ir contra la práctica política, absolutamente imprescindible en democracia.
Por eso es fundamental que para recuperar la confianza en la política y hacia la clase política se adopten cuantas medidas sean necesarias. "Ante la corrupción, tolerancia cero" decía hace pocos días el president Montilla. Los socialistas apostamos de manera inequívoca por una política crítica, transparente y con un máximo de autoexigencia. Precisamente por ello, el PSC ya ha anunciado la creación de un Contrato de Servicio Público con el objetivo de garantizar la transparencia de los ingresos y el patrimonio de los cargos públicos elegidos en las listas socialistas.

Ahora bien, como reza el dicho, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Una sociedad democráticamente avanzada no puede cuestionar, en bloque, la honorabilidad de las personas que asumen responsabilidades políticas. Hacerlo sólo beneficia a la derecha y a determinados intereses de grupos de poder no sometidos a la sanción del sufragio universal, que pueden ver con simpatía el desprestigio del compromiso político como servicio público, que es la encarnación de la voluntad popular de la que se nutre la democracia.

Article publicat a la revista El Siglo 16/11/09