divendres, 11 de desembre de 2009

La liebre y la tortuga

Cuenta la fábula que una tortuga y una liebre discutían sobre quién de las dos era más rápida. Para resolver la duda decidieron echar una carrera. La liebre arrancó a toda velocidad y corrió enérgicamente el primer tramo del recorrido. Al rato, viendo que llevaba mucha ventaja, decidió sentarse bajo un árbol para descansar, recuperar fuerzas y continuar su marcha. Pero mientras se relajaba, se durmió. La tortuga, que andaba con paso lento pero firme, la alcanzó, la superó y llegó primera a la línea de meta.

Las elecciones al Parlament de Catalunya serán en otoño del próximo año. Las encuestas más recientes que se han publicado indican que, a fecha de hoy, CiU ganaría estas elecciones. El PSC es el segundo partido en liza. Quizás no sea el favorito. Es posible. Pero está preparado para presentar batalla durante las 50 semanas que restan para la celebración de los comicios catalanes.

CiU lleva tiempo saboreando de antemano una posible victoria en las autonómicas. Entre sus dirigentes se denota un cierto aire de satisfacción contenida. Una euforia que les lleva a la relajación. O, lo que es peor, a la confusión. Hasta el punto de que son capaces, en una actitud francamente bipolar, de apoyar los referendos soberanistas en Catalunya y, al mismo tiempo, votar al lado del PP contra la LOFCA y los Presupuestos Generales del Estado. Estas incoherencias, en política, se pagan. Y muy caras.

No hay que desestimar nunca las capacidades del PSC ni del president Montilla. El PSC ha ganado dos veces en votos a CiU en unas elecciones autonómicas. Lo hizo en los años 1999 y 2003. A pesar de ello, la falta de un sistema electoral propio y proporcionado con la población provocó que CiU obtuviera más escaños aun cuando tenía menos votos. También ha ganado todas las elecciones generales en Catalunya. Incluso las últimas con un escenario a priori muy adverso: hundimiento del túnel del AVE a su llegada a Barcelona, apagón eléctrico sufrido en la capital y manifestaciones muy concurridas reivindicando el derecho a decidir. El PSC obtuvo 25 diputados. ¡Más que todos los otros partidos juntos!

El PSC parte por detrás en las encuestas. Cierto. Pero librará la batalla para ganar. Una batalla política que deberá basarse en los hechos, en la acción y en la gestión de gobierno llevada a cabo en los últimos años. La labor realizada en los últimos seis años al frente del Govern de la Generalitat no tiene parangón.

Y también deberá centrarse en las capacidades extraordinarias que Catalunya y los catalanes tienen por delante. Catalunya tiene el marco de autogobierno y de financiación más amplio que jamás haya tenido en su historia. La tenacidad, la perseverancia y la firmeza del president Montilla en la defensa de los intereses de Catalunya ha conseguido que tengamos definidas las reglas de juego para los próximos 20 o 25 años. Y ahora es el momento de empezar a definir el futuro con ambición. De transmitir a los ciudadanos que es posible salir de la crisis con una economía más fuerte y más competitiva y sin que nadie quede excluido del progreso. De explicar la labor sosegada y efectiva del president Montilla, que avanza con paso firme.

Este es el momento de poner en valor lo que está en juego. De que Catalunya recupere el orgullo y la autoestima que tuvo. De que vuelva a ser capaz de mirar al futuro con ilusión renovada. Con optimismo. Consciente de sus potencialidades para ser un país de vanguardia, de modernidad, de innovación, competitivo, europeo.

La modestia, la firmeza y la perseverancia siempre se imponen frente a las prisas y la arrogancia. Artur Mas ha empezado la precampaña dando saltitos. Montilla avanza con paso firme y seguro. Ya saben quién llegará antes...

Article publicat a la revista El Siglo 07/12/09

dissabte, 28 de novembre de 2009

El TC, el Esatut y la teoría de Julia Roberts

A raíz del apasionado debate que en los últimos días se está generando sobre la más o menos inminente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, me vino a la cabeza una teoría que hace unos años me contó mi profesor de Filosofía del Derecho en la facultad, para explicar los problemas que pueden surgir en la creación y la aplicación del derecho. La llamó la teoría de Julia Roberts.

Este nombre tan poco jurídico tiene su origen en una escena protagonizada por la famosa actriz norteamericana en la película El informe pelícano. En ella un profesor de Derecho Constitucional plantea en clase un caso real sobre el conflicto existente entre la competencia de un Estado que reguló por ley la sodomía para convertirla en un delito sexual y el derecho a la intimidad reconocido en la Constitución federal. El profesor pregunta a sus alumnos cuál creen que fue la decisión del Tribunal Supremo en ese asunto. Julia Roberts, alumna, hace un alegato en defensa del derecho a la intimidad, afirmando que el Estado no puede tener competencia para limitar un derecho fundamental protegido en la Constitución y que, en consecuencia, la ley del Estado debería ser declarada inconstitucional. Tras lo cual el profesor, resolviendo el problema que había planteado, afirma: "Muy bien argumentado, pero lamento decirte que el Tribunal Supremo dijo todo lo contrario". A lo que Julia Roberts responde: "¡Pues si es así, se equivocó!".

El TC español tiene que resolver acerca de la constitucionalidad del Estatut de Catalunya. El recurso interpuesto por el PP le obliga a ello. A pesar de que otros Estatutos con preceptos idénticos o similares al catalán, van a pervivir inmunes en nuestro ordenamiento jurídico, simplemente porque el PP no apreció motivo alguno para recurrirlos. No sólo eso, sino que encima los votó. Así pues, el TC tendrá que pronunciarse. Pero el juicio de constitucionalidad que tiene que realizar, no consiste en buscar argumentos para declarar inconstitucionales preceptos del Estatut. Nuestra Constitución no le atribuye la potestad para actuar como un legislador negativo con capacidad para expulsar discrecionalmente, normas de nuestro ordenamiento jurídico. De así ser, el TC tendría poderes para corregir, a su antojo, la voluntad del Parlamento. Y el TC no puede sustituir al poder legislativo. Todo lo contrario.

En su examen de constitucionalidad, el TC está sujeto al llamado principio de conservación de la norma y su misión consiste principalmente en hallar alguna interpretación de la ley recurrida que sea conforme a la Constitución. Debe buscar una interpretación que tenga como finalidad última, preservar la ley aprobada por el Parlamento. Encontrar criterios que permitan mantener la norma en el ordenamiento jurídico, puesto que es el poder legislativo quien la ha aprobado en expresión de la soberanía popular. Y ello es así porqué, obviamente, ningún Parlamento hace leyes, a sabiendas de que son inconstitucionales. De ahí que, en la medida que el TC sea capaz de encontrar aunque sólo sea una interpretación constitucional de la ley que examina, debe conservar el texto de la norma. En definitiva, el TC debe trabajar para hallar una interpretación de la ley que tenga cabida en el marco de la Constitución, y no para buscar elementos de inconstitucionalidad.

A pesar de ello, el Tribunal podría declarar inconstitucional aspectos del Estatut. En efecto, jurídicamente podría hacerlo, puesto que en el juicio para la adecuación del texto a la Constitución, podría apreciar que sobre algún precepto no hay interpretación posible que tenga cabida en el marco de nuestra norma fundamental. Pero, y aquí regreso a la teoría de Julia Roberts, el TC tiene que ser consciente de lo que tiene entre manos, y de lo que significa política y constitucionalmente el Estatut. En su examen de constitucionalidad, el TC debe ser muy consciente que el Estatut no es una norma cualquiera. Su aprobación, y la de todos los otros Estatutos que se reformaron en la anterior legislatura, implica la elaboración de un nuevo pacto autonómico. La voluntad política de avanzar en la concepción de nuestro Estado de las autonomías, superando una primera fase fructífera, pero ya agotada. Significa la plasmación de una voluntad mayoritaria de reescribir las bases de nuestra arquitectura institucional. Es una voluntad cuasi-constituyente. Es un pacto originario de derecho. Un nuevo pacto constituyente que el TC no puede ni debe ignorar. El TC puede declarar inconstitucional algún precepto del Estatut. Pero lo que no puede hacer en ningún caso es equivocarse. Eso lo sabe hasta Julia Roberts.

Article publicat a El Pais el 27/11/09

divendres, 20 de novembre de 2009

La gripe de la desafección política

Es conocido que el virus de la gripe A (H1N1) puede afectarnos a todos por igual. Aunque en algunos casos es grave y, en otros, poco más que un simple constipado, nadie se escapa a su posible contagio. La gripe A no entiende de clases, ni de ideologías, ni de fronteras. Es distinto, en cambio, lo que ocurre en los últimos tiempos con otro virus que se está extendiendo con cierta virulencia y que puede resultar tan lesivo, o más, que el anterior. Se viene hablando con cierta intensidad del alejamiento de los ciudadanos de la política y de la clase política. Recientes casos de corrupción pueden explicar esa desafección. Sin embargo, este virus, el de la desafección política, tiene una particularidad respecto al de la gripe A: se propaga mucho más hacia la izquierda que hacia la derecha del espectro político.

Es evidente que los votantes de izquierda son inflexibles en relación a la exigencia de comportamientos éticos en la gestión de los recursos públicos. En cambio, los electores de las formaciones conservadoras demuestran otro grado de exigencia. Recordemos, si no, los resultados obtenidos por el PP en la Comunidad Valenciana en las recientes elecciones europeas, ya en pleno escándalo por el caso Gürtel, sazonado con personajes que parecen salidos de una película de Berlanga, como el inefable El Bigotes. En Catalunya la reciente operación liderada por el juez Garzón parece haber afectado más al PSC que a CiU, a pesar de la presunta implicación de dos altos cargos del gobierno nacionalista muy próximos a Jordi Pujol, y de que esta formación ya venía arrastrando el asunto de la subvención del Palau de la Música a su fundación Trias Fargas.

Estos y otros sucesos han derivado en la consabida desafección, que quiere presentarse, principalmente por la derecha mediática, como algo "masivo" y que demanda medidas "urgentes". Pero ese mensaje va dirigido principalmente a los votantes de izquierda, principal grupo de riesgo y propenso a la infección de ese virus. La derecha es inmune. Créanme.
Los políticos de este país no salen de una órbita especial, sino que emanan de la sociedad civil. Por tanto estamos delante de un fenómeno, el de la corrupción política, que no ha surgido de la nada, sino que es tan antiguo como la historia. Ya Tucídides, en su obra La guerra del Peloponeso, nos habla de las intrigas y escándalos de corrupción que se producen en Atenas mientras su ejército combate contra el de Esparta. Y en la actualidad creo sinceramente que el porcentaje de corruptos es similar en todos los países. La diferencia reside en cómo se actúa por parte de los poderes públicos cuando se detectan.

El PSC ha actuado de forma ejemplar e implacable cuando ha detectado un caso de corrupción. Ésta esincompatible con el socialismo. Pero es evidente también que además de actuar, ahora es el momento de proponer iniciativas concretas. Los ciudadanos lo exigen y nuestra democracia lo demanda. La lucha contra la corrupción debe aumentar su eficacia contra los comportamientos individuales de personas que, con su actitud indigna, rompen el compromiso que tienen con sus conciudadanos, pero no debe ir contra la práctica política, absolutamente imprescindible en democracia.
Por eso es fundamental que para recuperar la confianza en la política y hacia la clase política se adopten cuantas medidas sean necesarias. "Ante la corrupción, tolerancia cero" decía hace pocos días el president Montilla. Los socialistas apostamos de manera inequívoca por una política crítica, transparente y con un máximo de autoexigencia. Precisamente por ello, el PSC ya ha anunciado la creación de un Contrato de Servicio Público con el objetivo de garantizar la transparencia de los ingresos y el patrimonio de los cargos públicos elegidos en las listas socialistas.

Ahora bien, como reza el dicho, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Una sociedad democráticamente avanzada no puede cuestionar, en bloque, la honorabilidad de las personas que asumen responsabilidades políticas. Hacerlo sólo beneficia a la derecha y a determinados intereses de grupos de poder no sometidos a la sanción del sufragio universal, que pueden ver con simpatía el desprestigio del compromiso político como servicio público, que es la encarnación de la voluntad popular de la que se nutre la democracia.

Article publicat a la revista El Siglo 16/11/09

dilluns, 26 d’octubre de 2009

El nuevo aliado del catalanismo político

En los últimos tiempos CiU está más preocupada en solucionar cuestiones internas que en participar en asuntos de Estado. El asunto Millet y la donación de fondos del Palau de la Música a la Fundació Trias Fargas parece haber dejado a la federación nacionalista noqueada y ocupada principalmente en cuestiones de intendencia domestica. Tanto lío orgánico le ha impedido detectar que quizás debería haber jugado un papel más determinante en la política estatal. Un despiste que ha situado una vez más al PNV como socio preferente para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que han pasado ya su primer trámite parlamentario. Aunque quizás no haya existido tal despiste, sino que la decisión tomada por el partido de Mas haya sido totalmente consciente. Una estrategia calculada. Deliberada. Pero, sin duda, errónea.

Desde que gobierna Zapatero –también desde que ya no ostenta el poder en Catalunya–, CiU ha venido sistemáticamente buscando excusas y argumentos, uno tras otro, para tratar de justificar su posición contraria a la aprobación de los PGE. Me parece oportuno recordar que cuando ni siquiera se había escrito una sola línea del proyecto de Presupuestos para el año que viene ya anunciaron que no los iban a votar. En esta ocasión adujeron la excusa de la crisis: que si los PGE no servían para recuperar la economía; que si no generaban ocupación; que si iban en detrimento de las clases medias...

En cualquier caso, lo relevante es que, sea en épocas de crisis o de expansión económica, CiU no ha votado ni uno sólo de los seis Presupuestos Generales del Estado de los dos Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, en cambio, ¡sí votaron todos los de Aznar! La enmienda a la totalidad presentada por CiU obedece simplemente a un ejercicio de oportunidad política. Legítimo, ciertamente, pero irresponsable en los tiempos que corren, cuando lo que se requiere es la unidad de acción frente a la crisis económica. Fíjense cuál es el alcance de esa irresponsabilidad que hasta el PNV ha sido capaz de llegar a pactos con el Gobierno tan sólo seis meses después de haber perdido las elecciones en Euskadi. Por el contrario, CiU, en los seis años que lleva en la oposición en Catalunya ha renunciado a trabajar por el catalanismo político y sigue empeñada en hacerle el juego al Partido Popular.

Es evidente que CiU sólo tiene un objetivo: hacer seguidismo del PP para derribar el Gobierno de Zapatero. Sólo así puede entenderse la enmienda a la totalidad que también ha presentado contra la reforma de la LOFCA, la ley que va a recoger el nuevo sistema de financiación acordado por el Gobierno y la Generalitat y que es el mejor que jamás haya tenido Catalunya. Un acuerdo, dicho sea de paso, avalado y celebrado por la inmensa mayoría de la sociedad catalana y de los agentes económicos y sociales, y del que CiU ha decidido, incomprensiblemente, quedarse al margen.

Que la derecha española y la derecha catalana vayan juntas en materia económica y presupuestaria noes ninguna novedad. Es, incluso, lógico. Es, si me pemiten, la consecuencia de un proceso de selección natural. Lo novedoso y espepéntico en esta ocasión en que CiU haya decidido aliarse, en contra de los intereses de Catalunya, con el Partido Popular. Con el partido que ha recurrido el Estatuto al Tribunal Constitucional. Con el partido que ha recurrido al Constitucional la Ley de Educación de Catalunya y el modelo de convivencia lingüística. Con aquellos que limitan sistemáticamente la voluntad de autogobierno de Catalunya.

CiU ha decidido ir de nuevo de la mano del PP La misma alianza que los catalanes censuraron en el año 2003 y que les envió a la oposición. Y todo ello a cambio de garantizarse e apoyo de los populares en Catalunya para poder regresar al Gobierno de la Generalitat. Una alianza cada vez más evidente para intentar recu perar el poder que los ciudadano! les quitaron consciente y legítima mente. Porque saben que sólo var a poder gobernar si les salen la! cuentas con el PP. Es triste compro bar que mientras ellos van tejiendo esas complicidades, el Parlamente aprueba con el PNV los PGE que in cluyen el nuevo modelo de finan ciación y las inversiones en infraes tructuras en cumplimiento de lo que establece el Estatut. Parece como s el PNV hiciera más por el catalanis mo político que la federación nado nalista que dirige Artur Mas.

Article publicat a la revista El Siglo 26/10/09

dilluns, 5 d’octubre de 2009

Artur Mas y la Trampa del Frente Común

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado acaba de llegar al Congreso. Mucho se ha hablado y escrito sobre él, especialmente sobre el capítulo de ingresos. Es cierto que un aumento de impuestos no es un anuncio que entusiasme a nadie: ni al Gobierno que tiene que llevarlo a cabo, ni a los ciudadanos que tendrán que pagarlos. Es evidente que es mucho más agradecido anunciar una rebaja fiscal. Y es también conocido que, entre los ciudadanos, hay quien hace frente a esa obligación con mayor convicción, quien los paga porque no tiene más remedio y hay también quien no los paga. Pero el Gobierno no toma sus decisiones en materia presupuestaria a golpe de encuesta o para ganar popularidad. Lo hace por responsabilidad. Y a pesar de la cruel caída de la actividad económica y de la ocupación, el Gobierno no quiere renunciar ni a uno solo de los avances conseguidos en nuestro Estado del Bienestar. Apuesta por garantizar la protección social alcanzada. No va a dejar a nadie tirado en la cuneta. Y eso implica obtener más recursos. Un poco más de esfuerzo fiscal de los ciudadanos para evitar que se produzca una fractura social.

Subir o bajar impuestos no es ni de derechas ni de izquierdas. Depende de cuándo y de cómo se haga. Lo importante es actuar con responsabilidad y coherencia. Y es imposible defender, como hacen otros, una bajada de impuestos y al mismo tiempo pedir un aumento del gasto público en todos los frentes: social, infraestructuras, financiación autonómica y local... Porque, sencillamente, así las cuentas no cuadran: o no se gasta lo que se dice que se va a gastar o, por el contrario, si se gasta todo lo prometido, se genera un déficit descontrolado.

La derecha, curiosamente, sólo defiende bajar los impuestos cuando está en la oposición. Cuando gobierna, ni reduce impuestos ni mucho menos construye Estado del Bienestar. El ejemplo más reciente es el de Angela Merkel en Alemania. Durante la reciente campaña electoral se comprometió a impulsar una rebaja fiscal, pero al día siguiente de su reelección matizó que esa rebaja no iba a ser inminente y la pospuso sine die, hasta que las circunstancias lo permitiesen...
De vuelta a nuestro país, y a los Presupuestos, el PP se apresuró a avanzar su voto en contra. Lo hizo el pasado mes de julio, mucho antes de que la vicepresidenta económica hubiera elaborado el borrador de presupuestos. Es una decisión política. Errónea en un momento de crisis, pero legítima. Hasta ahí ninguna novedad. Sorprende más el anuncio del voto en contra de CiU. No tanto por el sentido del mismo, pues basta con recordar que CiU no ha votado ninguno de los cinco anteriores PGE presentados por Zapatero. Tampoco ha apoyado ninguna de sus dos investiduras. Sí votó en cambio todos los presupuestos de Aznar. Y sus dos investiduras. La segunda, con mayoría absoluta del PP. Lo que sorprende precisamente es que, al igual que los populares, hayan anunciado con tanta anticipación el rechazo a los Presupuestos. Mucho antes de conocer su contenido. Esta celeridad sólo puede explicarse por su ansiedadpor pactar con el PP cuanto antes. Y es que la derecha catalana y la derecha española siempre van de la mano en materia económica y presupuestaria.

En esta táctica de aproximación al PP, sospechosa ha sido también la propuesta de Artur Mas de pedir un frente común de diputados catalanes en Madrid para evitar la subida de impuestos. ¿Qué pretende realmente Mas con esta propuesta? Como buen partido de derechas sabe perfectamente que no puede bajarlos, aunque quisiera. No lo hizo cuando fue conseller en cap de la Generalitat de Catalunya; ni tan siquiera propuso la supresión del Impuesto de Sucesiones. Y, peor aún, ¿cómo puede hacerlo, si no nos dice qué partidas deben reducirse? No es viable defender una bajada de impuestos y al mismo tiempo proponer medidas que impliquen un aumento del gasto. No es ni coherente, ni responsable.

No se engañen. El frente común de Mas no persigue ni la reducción de impuestos, ni la dinamización de la economía, ni el afianzamiento del Estado del Bienestar, ni cohesionar el catalanismo político. Nada de eso. Su frente común persigue simple y llanamente debilitar al Gobierno de Zapatero para aupar a Rajoy a la Presidencia del Gobierno y de rebote asegurarse su apoyo en Catalunya. A CiU le da igual si suben o bajan los impuestos. Lo que realmente quiere es regresar al Gobierno de la Generalitat cuanto antes. Y eso pasa por conseguir la complicidad del PP. Los guiños no han hecho más que empezar.

Article publicat a la revista El Siglo 05/10/09

dissabte, 5 de setembre de 2009

La inmunidad como garantía

En pocos días el Congreso y el Senado iniciarán la tramitación de sendos suplicatorios solicitados por el Tribunal Supremo para procesar a dos parlamentarios. La fundamentación jurídica a esta petición está en la Constitución. El art. 71.2 establece que “durante el periodo de su mandato los diputados y senadores gozarán (...) de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva”. Esa autorización es el suplicatorio.
Hay quienes piensan que la existencia de esta institución es muy discutible en un Estado de derecho. Que puede ser un anacronismo. Pero lo cierto es que la legitimidad de la inmunidad sigue teniendo sentido y no puede entenderse nunca como un privilegio personal. Ni como un beneficio particular de un parlamentario para impedir que sus conductas sean fiscalizadas por jueces y tribunales. Al contrario, la inmunidad sólo tiene sentido democrático en nuestro sistema en atención a las funciones parlamentarias que quiere preservar y a los valores y funciones constitucionales en juego. De ahí que la amenaza frente a la que protege la inmunidad sea política, nunca personal. Consiste en impedir que la vía penal se use con intencionalidad política para perturbar el funcionamiento de las Cámaras o alterar la composición que les dio la voluntad popular. Estamos pues ante una garantía objetiva del funcionamiento democrático del Parlamento.
Así, en la tramitación del suplicatorio, las Cámaras no asumen el papel de un tribunal que juzgue la culpabilidad o inocencia de un parlamentario. Ni determinan la improcedencia de las acciones penales contra parlamentarios. Deben limitarse a evaluar si la motivación de los jueces es política o jurídico-penal, con la única finalidad de evitar que se produzcan detenciones o procesamientos por motivos políticos. Y sólo en el primero de los casos, se justificaría la denegación del suplicatorio.
La inmunidad conlleva otra garantía: el aforamiento. Esto es, que “en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. Es también la Constitución la que lo determina. Dos son los argumentos que lo legitiman. Primero: se entiende que los parlamentarios, no por ser quienes son sino en atención a la institución a la que representan, gozan de especial protección. Una protección que justifica que sea el órgano superior de todos los órdenes jurisdiccionales el que conozca sobre sus causas. De no ser así, bastaría cualquier incriminación judicial, de cualquier instancia, para pedir un suplicatorio, lo que aumentaría el riesgo que la Constitución quiere evitar cuando prevé la garantía de la inmunidad; que por motivos políticos, se pueda alterar la voluntad popular. En segundo lugar, porque esa especial protección impide que exista una pluralidad de posiciones distintas en la jurisdicción ordinaria y la consiguiente dispersión de jurisprudencia sobre supuestos parecidos. En definitiva, el aforamiento garantiza la unidad de criterio y la máxima especialidad jurisdiccional.
Ambas instituciones son mejorables y susceptibles de reflexión sobre su articulación. Sin duda. Pero nadie puede dudar de su legitimidad y oportunidad tanto constitucional como democrática.

Article publicat al diari El Pais el 04/09/09

dijous, 23 de juliol de 2009

Del "peix al cove" al respeto por Catalunya

El acuerdo de financiación alcanzado la semana pasada supone un éxito en muchos sentidos. Es el éxito de la negociación, de la política, del respeto y la lealtad institucional. Del logro de un sistema bueno, justo y equitativo para Catalunya y para el conjunto del Estado.

Durante muchos años habíamos estado acostumbrados a que las negociaciones con el Estado en nombre de Catalunya las había llevado CiU desde sus posiciones de responsabilidad al frente de Gobierno de la Generalitat. A una forma de negociar, casi de mercadeo, que supuso la consolidación de una actitud de reivindicación constante con el Estado. De la expresión continua y permanente de un falso sentimiento de agravio colectivo.

En esta ocasión ha triunfado una nueva forma de hacer política. La de la negociación firme, pero flexible a la vez. La de la exigencia de las legítimas aspiraciones de Catalunya y la de la lealtad institucional en la negociación. Como no podía ser de otra manera, puesto que el objetivo era llegar al acuerdo.

Fíjense si llega a ser distinto el proceso, que incluso en las formas de su presentación nada tiene que ver con el anuncio del acuerdo de financiación que el año 2001 firmaron de forma desesperada CiU y PP. Aquél se selló en una cena en el Hotel Majestic. En la foto, Aznar con aires de mayoría absoluta y un Pujol muy debilitado políticamente que tuvo que pactar precipitadamente y a la baja un mal acuerdo para Catalunya. Sin embargo, el anuncio de este nuevo acuerdo se hace mediante una declaración institucional solemne del president Montilla en el Palau de la Generalitat. ¡Qué gran diferencia! En el fondo y en las formas...

Pero lo más sorprendente de todo este proceso ha sido la posición mantenida por CiU. Artur Mas se lo ha jugado todo a una carta. Duran no tuvo nada que hacer. Se la ha jugado al fracaso del proceso de negociación. A que todo saltara por los aires. A debilitar al Gobierno de la Generalitat y a prepararse para ganar las próximas elecciones. Una actitud que resulta francamente decepcionante, por no decir irresponsable, para un partido que ha gobernado Catalunya durante 23 años. CiU antepuso los intereses de partido a los intereses de país. ¡Qué torpeza! Patinazo histórico que sólo puede explicarse por las prisas de CiU por recuperar el Gobierno de la Generalitat.

La consecución de un buen modelo de financiación es fundamental para todos. Para un país entero, para los ciudadanos. Pero también para los Gobiernos que deberán gestionar esos recursos para garantizar una mejor calidad de los servicios públicos fundamentales. En definitiva, un buen modelo de financiación sirve para poder hacer política. Para hacer políticas. Y los recursos van a ser los mismos, con independencia de qué color político sea el president de la Generalitat. Por eso CiU debió entender que el nuevo modelo de financiación era una cuestión de país. Pero ahí estuvieron más despistados que patrióticos.

Y además cometieron un error de principiante. Para dificultar aún más la consecución del acuerdo, CiU entró de lleno en el debate de las cifras. Cuantificó las cantidades que el nuevomodelo tenía que aportar. Ignorando que lo relevante debe ser la definición del modelo. Y claro, el problema de entrar en un debate de cifras es que te las pueden igualar e incluso superar. Y así ha sido. Se ha conseguido un magnífico modelo de financiación que es expresión de la aplicación del Estatut con la máxima ambición. Y, además, los recursos adicionales que ese modelo va a aportar, no sólo son razonables, sino que además son muy buenos. Tan buenos que la reacción de todos los estamentos económicos, sociales y políticos así lo entienden y celebran.

Todos menos CiU, que está noqueada y aislada políticamente. Desconcertados porque la negociación ha sido exitosa; porque los tres partidos que conforman el Gobierno de la Generalitat siguen unidos y salen fortalecidos; por la reacción unánime en Catalunya y en toda España y, sobre todo, por la súbita sensación de error y de soledad. CiU se ha equivocado y lo sabe. Ha empequeñecido de un día para otro. CiU está sola y en la oposición (ahí con el PP, de nuevo). Pero aún está a tiempo de rectificar, de volver al consenso, de reconocer las virtudes del acuerdo y del modelo. Todo el mundo se lo está pidiendo. Que vuelva a la moderación, a la sensatez, a la unidad. Pero no lo va a hacer porque su orgullo le impide reconocer que alguien que no sean ellos pueda llegar a hablar y pactar en nombre de Catalunya y encima alcanzar un acuerdo que la respete. Eso es, ni más ni menos, que el triunfo del catalanismo político. ¡Y reconocerlo, duele!

Article publicat a la revista El Siglo 20-07-09

dimecres, 22 de juliol de 2009

A-68: greuge o oportunitat?

La connexió directa de les nostres comarques amb l'Aragó, mitjançant una autovia d’altes prestacions, és una prioritat absoluta pels socialistes. Nosaltres no tan sols defensem, sinó que liderem una proposta de desdoblament de la N-420 des de Reus fins a la seva connexió amb l’Aragó quan més aviat millor. I, en tant que responsables polítics, ho fem assumint compromissos concrets. Fa pocs dies el Ministeri de Foment va anunciar que la futura A-68 acabaria el seu recorregut per Vinaròs, a la província de Castelló. Aquest anunci va provocar el neguit d’aquells que es troben còmodes sacsejant l’enfrontament territorial i agitant la política del greuge. Però aquesta actitud més aviat estèril, no ens porta mai enlloc, només a la frustració i a perdre oportunitats. Per això ara és el moment d'adoptar una actitut proactiva i decidida. Primer de tot, el fet que la futura A-68 desemboqui a Vinaròs no impedirà que la N-420 es desdobli. Una cosa no treu l’altra. Totes dues vies són perfectament compatibles. I, com que creiem de veritat en la necessitat de disposar d’aquest eix que ens connecti directament amb l’Aragó, ja hem començat a emprendre totes les accions necessàries per agilitzar l’execució del seu desdoblament. En primer lloc, accelerarem les inversions de millora de l’actual N-420, especialment la construcció de les variants de Gandesa, Corbera i Riudecols.
En segon terme, inclourem el desdoblament de la N-420 en la revisió del Pla Estratègic d’Infraestructures del Transport, és a dir, el pla que fixa les prioritats del Ministeri de Foment en relació a la construcció de la xarxa viària del país.
Finalment, i de comú acord amb la Generalitat de Catalunya, amb qui ja hem establert tots els contactes necessaris, ens comprometem a incloure una partida en els pressupostos generals de l’Estat pel 2010 per finançar l’estudi informatiu del desdoblament de la N-420. Per al Govern de Catalunya la connexió amb l'Aragó és una prioritat.
Reus, i el conjunt del Camp de Tarragona, necessita aquesta autovia que ens connecti directament amb l’interior de l'Estat. Ho necessita per la mobilitat dels seus ciutadans, per la projecció de creixement previst tant de l’aeroport de Reus com del Port de Tarragona, per augmentar la competitivitat de la nostra economia. En definitiva, és una necessitat de territori que hem de ser capaços d’aconseguir.Tenim els instruments i tenim la voluntat política per fer-ho. Aquests són els nostres compromissos, i ens felicitem pel fet que també hagin estat assumits per les Cambres de Comerç i els Alcaldes afectats. Estic convençut que si mantenim la unitat d’acció, la N-420 entre Reus i la província de Terol serà una realitat ben aviat. Com ho és el tercer carril de l'autopista, l'aeroport de Reus, el desdoblament de la N-340 fins Hospitalet o la nova Estació intermodal del corredor del Mediterrani. Una unitat a la qual s'haurien de sumar els partits de l'oposició. Viure instal.lats en el greuge territorial és mirar al passat, i el nostre territori ni pot ni vol perdre més oportunitats.

Article publicat al Diari de Tarragona el 22-07-09

dilluns, 29 de juny de 2009

Las diez cifras de CiU

Llevamos cierto tiempo escuchando a destacados dirigentes de la federación nacionalista de Convergéncia ¡ Unió pronunciarse sobre del nuevo sistema de financiación. Bien es verdad que nunca lo han hecho de forma constructiva. Ni tan siquiera patriótica. No se asusten. CiU hace ya tiempo que ha decidido que no va a dar apoyo al nuevo modelo, sea cual sea. Hasta ahí ninguna novedad. Bueno, sí, que Artur Mas acaba de certificarlo públicamente.

Resulta decepcionante que un partido que ha tenido durante años responsabilidades de gobierno en Catalunya haya optado por el puro tacticismo electoral, por el mero cortoplacismo y por el rédito partidista, apostando al todo o nada al fracaso del proceso, en lugar que apoyar al Govern de la Generalitat en una negociación que debe concluir con la mejor financiación que Catalunya ha tenido nunca. Irresponsablemente, CiU ha decidido descolgarse de cualquier posibilidad de acuerdo incluso antes de que éste se produzca o se conozca. Es sorprendente que se mantengan en esa posición de rechazo preventivo incluso cuando ambos gobiernos siguen en período de negociación. E incluso cuando las cifras que se están barajando, y que aún no son definitivas, sextuplican las que CiU "consiguió" (utilizando sus particulares términos de negociación política) en sus acuerdos con el Gobierno de José María Aznar en el año 2001, de los cuales hoy sufrimos las consecuencias.

CiU ha querido situar en todo momento la negociación de la financiación en un debate de cifras. En una deliberada maniobra de confusión, ha querido hacer creer que el texto del Estatut fija una determinada cifra. Ha querido instalar, de formasimplista, en el imaginario colectivo, que el Estatut establece un mínimo, por debajo del cual sería imposible llegar a ningún acuerdo. ¡Y eso no es así! El Estatut determina los criterios que deben observarse para adoptar un nuevo modelo de financiación, a partir del cual se pueden derivar distintas cifras. Pero sólo algunas de ellas podrán considerarse razonables de acuerdo a ese modelo. Por ello, lo verdaderamente importante es la determinación del modelo. Porque a partir de aquí se acabará concretando una cifra, que será la del acuerdo.

Pero fíjense cuál debe ser la desesperación de CiU en su intento para que fracase la negociación, que incluso entrando en el mero debate de cifras su posición ha sido tan oscilante que han perdido ya cualquier autoridad. En los últimos tiempos, CiU ha llegado a poner encima de la mesa hasta diez cifras distintas para bendecir el acuerdo final. Atentos: estimaron necesarios 4.320mi I Iones de euros en enero de 2006; 5.200 millones en febrero de 2008; 5.320 millones en mayo; 4.200 millones enagosto; 6.997 millones en septiembre; bajaron hasta 2.329 millones el mismo septiembre de 2008; 2.535 millones en octubre; volvieron a subir hasta 5.630 millones en diciembre... Y un domingo por la tarde del mes de marzo de este año, Felip Puig, secretario general adjunto de CiU, y su particular "servicio de estudios", llegó a afirmar, como quien no quiere la cosa,
que por menos de 3.500 millones, CiU no apoyaría el nuevo modelo.

Como colofón, la semana pasada Artur Mas se atrevió a afirmar que el nuevo sistema debe aportar un mínimo de 5.000 millones adicionales para la Generalitat.

¿Quién da más? Y lo mejor: anunció que él mismo renegociará el sistema al alza si llega a ser president de la Generalitat. Fíjense bien: Artur Mas, el mismo que acordó con Aznar el actual modelo de financiación que representó apenas 250 millones de euros para Catalunya. El mismo que como consecuencia de las prisas para suceder a Jordi Pujol al frente de la Presidencia de la Generalitat se olvidó de asegurar que el modelo recogiese los mecanismos de actualización de un sistema que hubiese impedido que Catalunya llegara a la situación de necesidad actual. El mismo Artur Mas, se ofrece ya, para mejorar un acuerdo que el president Montilla y el conseIler Castells aún no han cerrado. Pero ¿no se da cuenta que lo que hay que reparar no es lo que aún se está negociando, sino la herencia que él mismo nos dejó?
Publicat a El Siglo el 29-06-09

dilluns, 8 de juny de 2009

Recetas amarillentas y brotes de marihuana

Si algo ha quedado claro en todo el tiempo transcurrido desde la aparición de esta crisis económica que nos azota es el hecho de que para poder salir de ella debemos actuar de forma coordinada. La coordinación supone adoptar medidas concertadas a nivel internacional, y para ello el G-20 es fundamental. Significa actuar con criterios comunes en el seno de la Unión Europea. Pero implica también actuar de forma leal en el ámbito interno de cada uno de los países, buscando la complicidad de todos los partidos políticos y de los agentes económicos y sociales, arropando al Gobierno, que es quien tiene la legitimidad y la responsabilidad de llevar a cabo la dirección de la política económica.

Ésta es una crisis global. Una crisis de origen financiero, que ha provocado una crisis económica sin precedentes y que, a su vez, ha desembocado en una crisis industrial de enormes magnitudes. Lo inédito de las causas que la han provocado, sus consecuencias y sus características hacen más compleja la toma de decisiones. El objetivo común consiste en cómo hacerlo consiguiendo que el impacto de sus efectos sobre la economía, las empresas y los trabajadores sea el menor posible. Y cómo hacerlo para que lo que ha sucedido no vuelva a ocurrir (las lecciones aprendidas).

Hasta la fecha, la forma de afrontar una crisis económica era bastante sencilla (perdonen la frivolidad): bastaba con abrir el manual de economía por la página correspondiente donde se encontraba la descripción del cuadro clínico en el que se hallaba la economía de un determinado Estado y, casi en la página siguiente, estaban pormenorizadas las recetas que debían administrarse para salir cuanto antes del atolladero. Sin embargo, el caso actual es distinto. Porque nunca antes habíamos vivido una situación similar. De ahí la importancia de la coordinación para que las medidas que se adopten vayan todas en la misma dirección y resulten eficaces

Pero, a pesar de la dimensión de la crisis, de su singularidad y de su carácter global, la derecha de nuestro país sigue conservando aquel viejo manual de economía, con las mismas recetas de siempre para salir de esta situación. En el debate del Estado de la Nación el presidente del Gobierno instó hasta en cuatro ocasiones al Sr. Rajoy a que expusiese ante la Cámara y ante el conjunto de la sociedad cuáles eran sus recetas económicas para salir de la crisis. Rajoy no lo hizo. Y Zapatero estuvo muy hábil: "Si no lo hace, sólo se puede deber a dos razones: o no tiene receta, o no se atreve a contarla". Sería impensable para un líder de la oposición que no tuviera una alternativa de Gobierno. Peor, que no aprovechara ocasiones como ésas para hacerla pública. Y mucho peor aún, si cabe, que el líder de la oposición no ofreciera todo su apoyo al Gobierno, sin intentar sacar réditos políticos ni partidistas. Por ello creo que es la segunda de las opciones la que impidió al Sr. Rajoy exponer sus recetas anticrisis: porque son las mismas de siempre. Las mismas que la derecha ha aplicado cada vez que, gobernando, se ha encontrado ante una situación económica adversa: rebaja de impuestos, abaratamiento del despido y recorte de gasto social. Nimás ni menos. Y eso no se atreven a contarlo.

Alguien me dijo una vez, cuando estudiaba en la Universidad: desconfía del profesor que venga a impartir sus clases con unos apuntes de color amarillento. Es evidente que los apuntes de Rajoy están bastante obsoletos. Que no contemplan la magnitud de la realidad actual. Que no sirven para solucionar los problemas que hoy tenemos. Pero, sobre todo, porque de ellos se deduce claramente que quien sufriría sus consecuencias son los mismos de siempre: los trabajadores y los más vulnerables de nuestra sociedad. Por suerte, la gente se ha dado cuenta de lo que pretende el PP, porque lo que nunca van a permitir los ciudadanos es que aquellos que no han sido los causantes de la crisis financiera que ha provocado todo este caos global, acaben pagando sus consecuencias. ¡Otra oportunidad perdida, Sr. Rajoy!

Las medidas que ha adoptado el Gobierno han empezado a dar sus frutos y los datos del paro del mes de mayo que conocimos la semana pasada, como el aumento del índice de confianza en el consumo o las ventas de automóviles, por citar algún ejemplo, son cuanto menos esperanzadores e invitan, desde la prudencia, al optimismo. A todo al mundo, menos al PP y a Rajoy. Para ellos cada parado en nuestro país era un peldaño más en su ascenso hacia la Moncloa. ¡Pero en mayo esa carrera se ha truncado! En el PP ya no hablan de economía, ni de crisis. Hablan de aviones, de aborto, de pederastia y hasta de hojas verdes de marihuana. Por algo será...

Article publicat a El Siglo el 8/06/2009

divendres, 3 d’abril de 2009

Compatibilidades y transparencia

Desde hace unas semanas, los diputados de este país nos hemos convertido en centro de atención debido a la publicidad sobrevenida que han adquirido las actividades que se ejercen de forma paralela a la condición de parlamentario. Comprenderán que no entre a opinar sobre cada uno de estos casos. He tenido la tentación de hacerlo, pero el debido respeto al carácter secreto que establece la ley vigente me lo impide.

Ahora bien: una cosa es el marco jurídico actual, y otro el que debería ser en una democracia moderna, que garantice el ejercicio del control social por parte de los ciudadanos. Y eso conlleva publicidad y transparencia.

Cada cual tiene sus atribuciones, y al Parlamento le corresponde actualizar las suyas. En la actualidad, las declaraciones de actividades de los diputados ya son públicas, pero la interpretación restrictiva del régimen de publicidad que se ha venido aplicando, hace prácticamente imposible acceder a ellas. De ahí que resulte improrrogable articular los mecanismos necesarios para garantizar que esas declaraciones sean accesibles para cualquier ciudadano.

La concesión de compatibilidades no es un acto gracioso o discrecional. Se rige por lo dispuesto en la Ley Electoral, en el Reglamento del Congreso y por la interpretación que, históricamente, se ha hecho de estos preceptos. Pero el paso de los años ha constatado que la ley es ambigua y la interpretación muy amplia. Por ello es necesaria una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que modifique y limite el régimen actual de compatibilidades. El sistema lo requiere y los ciudadanos lo demandan.

Existen dos tipos de actividades compatibles: aquellas que son una extensión de la condición misma de diputado y contribuyen a amplificar el trabajo parlamentario, y aquellas que son estrictamente privadas, de carácter oneroso, y retribuidas. Entre las primeras están las de tertulianos, articulistas, conferenciantes o profesores de universidad. En esa categoría se encuentran la gran mayoría de los diputados y su desempeño prestigia y enriquece la condición de parlamentario. El principal problema reside en la delimitación del segundo grupo de actividades porque, aunque sean legales, algunas de ellas pueden ser éticamente reprobables, bien porque ponen en duda el carácter exclusivo de la dedicación parlamentaria, bien porque lindan con el ámbito de lo público. La compatibilidad se concede casi sin otro límite que el de la simple advertencia de que, una vez concedida, esa actividad no debe tener conexión con la Administración pública. Por eso, el Congreso debería tener la competencia para comprobar que el ejercicio de una compatibilidad se adecua a las limitaciones legales, sabiendo que en ningún caso la excepción puede contaminar al conjunto del Parlamento. En definitiva, más transparencia y mayor control para detectar y denunciar las conexiones entre lo público y lo privado, pero también para afianzar los pilares de nuestra democracia y el compromiso, la dignidad, la profesionalidad y la vocación de servicio público de sus representantes.

Article Publicat a El País el 2-04-2009