CiU lleva varias semanas apelando al sentido de la responsabilidad del PSC para que dé apoyo a los presupuestos que el Gobierno de Artur Mas presentará al Parlamento. Es legítimo que en un sistema parlamentario el Gobierno busque los apoyos que sean necesarios para sacar adelante su agenda legislativa, y más cuando no tiene la mayoría suficiente (eso hay que ir recordándolo de vez en cuando por si a alguien se le olvida: CiU ganó las elecciones, pero no tiene mayoría absoluta, por lo que tiene que ir pactando todo, cada día). Pero resulta cuanto menos sonrojante (en un ejercicio de desmemoria e hipocresía política) que aquellos que hace muy poco fueron incapaces de hacer lo propio en el Congreso de los Diputados recurran ahora al sentido de Estado y a la responsabilidad institucional para poder sacar adelante unos presupuestos con el único objetivo de trasladar ante la opinión pública una sensación de estabilidad y solidez gubernamental -que hasta la fecha es un tanto ficticia- y pretendan maquillar así su imagen de indefinición, parálisis y desconcierto.
Vayamos por partes. Apelar a la responsabilidad institucional del PSC cuando hace apenas tres meses facilitó la investidura de Artur Mas como president de la Generalitat frente al voto en contra del resto de fuerzas políticas me parece cuanto menos un abuso de confianza. El recurso a la responsabilidad institucional se agotó el día en que se produjo la investidura de Mas. A partir de entonces el Gobierno tiene la legitimidad y la obligación de gobernar. Y si no sabe, o no puede, debería dejar de hacerlo.
CiU y PSC son los dos grandes partidos de Catalunya. Son adversarios políticos. Son antitéticos en términos políticos. El PSC no puede ni debe contribuir a aprobar unos presupuestos de la Generalitat que no comparte y que implican un retroceso en términos sociales. Unos presupuestos que parece que tienen el único objetivo de desmantelar el Estado del bienestar construido durante los últimos siete años y que van a contribuir a la fractura social en nuestro país. Y debe rechazarlos, no por una cuestión de resentimiento por la derrota electoral sufrida, sino por pura convicción ideológica, porque son proyectos frontalmente opuestos. Lo poco que se intuye de ellos es que provocarán una clara involución en términos sociales, un recorte en la calidad de nuestro Estado del bienestar y el abandono de una política fiscal redistributiva. Recortar políticas sociales alegando falta de recursos económicos y fiscales, a la vez que se toma la decisión de suprimir el impuesto de sucesiones que sólo afecta a los más ricos, es una barbaridad inaceptable, ni siquiera por responsabilidad institucional.
Además, sorprende que aquellos que han votado dos veces en contra de la investidura de Zapatero puedan dar lecciones de responsabilidad institucional. Aquellos que no han votado ni uno de los siete presupuestos que Zapatero ha mandado al Congreso en las dos legislaturas que lleva de presidente. Aquellos que en un momento de máxima dificultad económica y financiera para España, cuando era observada por toda la comunidad internacional y los mercados financieros, llamaron cadáver político al presidente del Gobierno. Aquellos que instaron al PNV a no apoyar los Presupuestos de 2011 para provocar la caída del Gobierno (de eso hace solo seis meses). Aquellos que pidieron la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas en pleno desarrollo de la agenda de reformas económicas, sociales y financieras que dieron lugar al Acuerdo social.
Pero les digo otra cosa: Mas no va a presentar hasta después de las elecciones municipales los presupuestos ante al Parlament. Va a ir mareando con apelaciones a la responsabilidad de los grupos para que los apoyen, pero no va a poner negro sobre blanco el estado de gastos de la Generalitat para este año. El tijeretazo en políticas sociales y la paralización de inversiones en equipamientos e infraestructuras sería demasiado revelador. Demasiado territorializado. Demasiado evidente a los ojos de los ciudadanos que verían finalmente confirmado como muchas escuelas, institutos, hospitales, centros de asistencia o carreteras iban a dejar de hacerse. Demasiado valiente para alguien que no lo es. Amagarán con el proyecto de presupuestos. Lo esconderán. Y el gran recorte aparecerá al día siguiente de las elecciones municipales. La verdadera responsabilidad consiste en presentarlos antes. En decir alto y claro lo que quieren hacer. Con valentía y coraje. Asumiendo la responsabilidad de gobernar. Pero no lo harán, porque no tienen ni lo uno ni lo otro.
Aricle publicat a la revista El Siglo (28/03/2011)