La responsabilidad de gobernar

CiU lleva varias semanas apelando al sentido de la responsabilidad del PSC para que dé apoyo a los presupuestos que el Gobierno de Artur Mas presentará al Parlamento. Es legítimo que en un sistema parlamentario el Gobierno busque los apoyos que sean necesarios para sacar adelante su agenda legislativa, y más cuando no tiene la mayoría suficiente (eso hay que ir recordándolo de vez en cuando por si a alguien se le olvida: CiU ganó las elecciones, pero no tiene mayoría absoluta, por lo que tiene que ir pactando todo, cada día). Pero resulta cuanto menos sonrojante (en un ejercicio de desmemoria e hipocresía política) que aquellos que hace muy poco fueron incapaces de hacer lo propio en el Congreso de los Diputados recurran ahora al sentido de Estado y a la responsabilidad institucional para poder sacar adelante unos presupuestos con el único objetivo de trasladar ante la opinión pública una sensación de estabilidad y solidez gubernamental -que hasta la fecha es un tanto ficticia- y pretendan maquillar así su imagen de indefinición, parálisis y desconcierto.

Vayamos por partes. Apelar a la responsabilidad institucional del PSC cuando hace apenas tres meses facilitó la investidura de Artur Mas como president de la Generalitat frente al voto en contra del resto de fuerzas políticas me parece cuanto menos un abuso de confianza. El recurso a la responsabilidad institucional se agotó el día en que se produjo la investidura de Mas. A partir de entonces el Gobierno tiene la legitimidad y la obligación de gobernar. Y si no sabe, o no puede, debería dejar de hacerlo.

CiU y PSC son los dos grandes partidos de Catalunya. Son adversarios políticos. Son antitéticos en términos políticos. El PSC no puede ni debe contribuir a aprobar unos presupuestos de la Generalitat que no comparte y que implican un retroceso en términos sociales. Unos presupuestos que parece que tienen el único objetivo de desmantelar el Estado del bienestar construido durante los últimos siete años y que van a contribuir a la fractura social en nuestro país. Y debe rechazarlos, no por una cuestión de resentimiento por la derrota electoral sufrida, sino por pura convicción ideológica, porque son proyectos frontalmente opuestos. Lo poco que se intuye de ellos es que provocarán una clara involución en términos sociales, un recorte en la calidad de nuestro Estado del bienestar y el abandono de una política fiscal redistributiva. Recortar políticas sociales alegando falta de recursos económicos y fiscales, a la vez que se toma la decisión de suprimir el impuesto de sucesiones que sólo afecta a los más ricos, es una barbaridad inaceptable, ni siquiera por responsabilidad institucional.

Además, sorprende que aquellos que han votado dos veces en contra de la investidura de Zapatero puedan dar lecciones de responsabilidad institucional. Aquellos que no han votado ni uno de los siete presupuestos que Zapatero ha mandado al Congreso en las dos legislaturas que lleva de presidente. Aquellos que en un momento de máxima dificultad económica y financiera para España, cuando era observada por toda la comunidad internacional y los mercados financieros, llamaron cadáver político al presidente del Gobierno. Aquellos que instaron al PNV a no apoyar los Presupuestos de 2011 para provocar la caída del Gobierno (de eso hace solo seis meses). Aquellos que pidieron la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas en pleno desarrollo de la agenda de reformas económicas, sociales y financieras que dieron lugar al Acuerdo social.

Pero les digo otra cosa: Mas no va a presentar hasta después de las elecciones municipales los presupuestos ante al Parlament. Va a ir mareando con apelaciones a la responsabilidad de los grupos para que los apoyen, pero no va a poner negro sobre blanco el estado de gastos de la Generalitat para este año. El tijeretazo en políticas sociales y la paralización de inversiones en equipamientos e infraestructuras sería demasiado revelador. Demasiado territorializado. Demasiado evidente a los ojos de los ciudadanos que verían finalmente confirmado como muchas escuelas, institutos, hospitales, centros de asistencia o carreteras iban a dejar de hacerse. Demasiado valiente para alguien que no lo es. Amagarán con el proyecto de presupuestos. Lo esconderán. Y el gran recorte aparecerá al día siguiente de las elecciones municipales. La verdadera responsabilidad consiste en presentarlos antes. En decir alto y claro lo que quieren hacer. Con valentía y coraje. Asumiendo la responsabilidad de gobernar. Pero no lo harán, porque no tienen ni lo uno ni lo otro.

Aricle publicat a la revista El Siglo (28/03/2011)

60 días

Buenos días, en nombre del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, tengo el honor de anunciarles que vamos a practicar un recorte generalizado de un 10 por ciento en el presupuesto de gasto para el Ejercicio 2011.

En el ámbito educativo hemos acordado suspender la decisión de dotar a cada uno de los alumnos de educación secundaria de un ordenador personal. Asimismo reduciremos entre el 20 por ciento y el 33 por ciento las aportaciones públicas para hacer frente a los gastos de funcionamiento de los institutos (luz, agua, teléfono, calefacción y limpieza) y vamos a paralizar la construcción de todos aquellos centros cuyas obras aún no hayan empezado. La financiación a la universidad pública también se reducirá en un 10 por ciento. Implantaremos tasas para los estudiantes de FP y subiremos las matrículas de los másteres universitarios hasta un 30 por ciento. En las escuelas de primaria vamos a reducir los gastos de papel y biblioteca (el resto de partidas dependen de los Ayuntamientos). Yen todo aquello relativo al personal docente, hemos tomado la decisión de convocar 2.000 plazas menos de profesores de instituto para este mismo año, con el objetivo de aumentar el número de alumnos asignados a cada profesor. Por cierto, estas medidas de contención del gasto no van a afectar en ningún caso a aquellas escuelas privadas que segregan a sus alumnos por razón de sexo, que no verán recortadas las subvenciones públicas que tienen concedidas.

En el ámbito sanitario vamos a dejar en suspenso los proyectos de construcción de siete nuevos hospitales, la reforma de otros siete y la creación o ampliación de 44 centros de atención primaria. A partir de ahora ya no garantizaremos el derecho a ser operado en un plazo máximo de seis meses y, por consiguiente, vamos a reducir todas las operaciones quirúrgicas no urgentes. Asimismo, hemos dado instrucciones para que en nuestros hospitales y centros sanitarios se practiquen menos pruebas de diagnóstico de alta tecnología, como radiografías, escáneres, colonoscopias o resonancias magnéticas. Se prohibe también a partir de ahora y hasta nueva orden, practicar operaciones por las tardes y no vamos a permitir bajo ningún concepto que se cubran las bajas por jubilación, ni que se hagan suplencias por vacaciones o enfermedad del personal médico.

Estimamos que con la aplicación de estas medidas van a aumentar las listas de espera, pero no de modo significativo, y estamos convencidos de que la calidad de la sanidad pública catalana no quedará afectada. De todas formas, y por si acaso, queremos anunciar también que el Gobierno tiene la firme voluntad de dar estímulos fiscales a aquellos ciudadanos que contraten una mutua sanitaria privada.

Entre nuestras decisiones prioritarias está la de paralizar la aplicación de la Ley de Dependencia. Comunicamos a los dependientes moderados con derecho a percibir ayudas y que, según los plazos que establece la ley, debían haberlas empezado a recibir este pasado mes de enero, que no las vamos a conceder hasta, al menos, el próximo mes de julio. En cualquier caso, y en el mismo plazo, intentaremos dar una respuesta a las más de 54.000 personas con dependencia grave que aún esperan que se realice una valoración de su caso.

En el ámbito de la obra pública, hemos decidirlo practicar un recorte de un 27 por ciento. Vamos a paralizar la ejecución del Plan Nacional de Infraestructuras y no descartamos implantar nuevos peajes. l'or el contario, hemos decidido no aplicar el descuento del cinco por ciento en el precio de los billetes de Cercanías y Regionales y eliminar el número de estaciones previstas en la línea 9 del metro de Barcelona.

Hablando de supresiones, me es grato recordarles que el Gobierno de la Generalitat ha acordado la del Impuesto de Sucesiones, por el que estimamos que dejaremos de ingresar alrededor de 400 millones euros procedentes de grandes fortunas.

Asusta, ¿verdad? Pues sólo llevamos 60 días de gobierno. CiU nos quería hacer creer que éste era un gobierno errático y con algunos problemas de coordinación. Pero en realidad no ha sido más que una maniobra de despiste. Bajo esta sensación inicial de desbarajuste, el gobierno de los mejores de Artur Mas ha conseguido desplegar con total precisión, y en apenas dos meses, todo su plan liberalizador y derechista, desmantelando en un abrir y cerrar de ojos nuestro Estado del Bienestar. ¿Adivinan quién va a pagar la fiesta?

Article publicat a la revista El Siglo (8/03/2011)