La semana pasada, la Fiscalía de Barcelona solicitó al juez que está instruyendo el caso del Palau de la Música que iniciase una investigación sobre el presunto pago de comisiones por parte de la empresa Ferrovial a Convergéncia Democrática de Catalunya en "agradecimiento" a las adjudicaciones de obra pública que aquélla recibió de la federación nacionalista durante la última etapa en que estuvo gobernando la Generalitat.
El fiscal sostiene en su escrito que la trama habría articulado diversos mecanismos para conseguir que una parte de los fondos que Ferrovial donaba al Palau, en apariencia para fines culturales, se destinaran, en realidad, al pago de comisiones ilícitas a CDC. A saber: pagos en efectivo y cheques al portador; pagos desde el Palau a empresas que en realidad prestaban servicios a CDC; y acuerdos suscritos entre el Palau de la Música y la Fundación Trias Fargas (vinculada a CDC) que se vestían como convenios de colaboración cultural cuando nunca se ha podido acreditar que dicha fundación desarrollara actividad alguna sobre el objeto del convenio de colaboración. Como consecuencia de todo ello, el fiscal ha solicitado al juez que impute, como mínimo, a dos cargos de CDC. Hasta aquí, el escrito del fiscal.
No dudo de la honorabilidad de Artur Mas, pero lo cierto es que los ciudadanos y los electores merecen una explicación pública antes de las elecciones sobre todo lo sucedido. Las acusaciones son demasiado graves. Una explicación para que haya juego limpio. Para saber exactamente qué sabe el Sr. Mas y hasta dónde. Para conocer qué es lo que piensa hacer. Para garantizar que es capaz de exigir y depurar responsabilidades. Para saber como actuaría ante un caso semejante si llegase a ser president de la Generalitat. Sin embargo, hasta ahora sólo le hemos oído una cosa: ¡que la Fiscalía está actuando con premeditación contra su partido, que ha entrado en campaña y que no quiere que se produzca el cambio político en Catalunya! Asusta, ¿verdad?
Actitudes como ésta son del todo inadmisibles en democracia. Indignas de un responsable político que respete y quiera hacer respetar nuestras instituciones y nuestro Estado de Derecho. Impropias de un dirigente político que aspire a presidir la Generalitat de Catalunya. En primer lugar, porque debería saber que la Fiscalía, como es su obligación, no actúa por indicación de nadie. De acuerdo a la ley actúa siempre de forma objetiva e imparcial en defensa de la legalidad y el interés público para el esclarecimiento de aquellos hechos que presentan sólidos indicios de delito. ¡Como en este caso, vaya! En segundo lugar, porque con esa actitud, el Sr. Mas está incitando al descrédito y a la deslegitimación de nuestras instituciones públicas. Y, en tercer lugar, porque da a entender que en caso de gobernar, él sí las podría utilizar políticamente. Y eso da miedo...
De todos modos, esta actitud no es nada nueva, por desgracia. Es exactamente la misma técnica y con idénticas expresiones que las que utiliza la derecha en todas partes. Lo mismo que hace el PP en Madrid yen Valencia ante presuntos casos de corrupción, instrucciones e imputaciones de sus dirigentes políticos. Cuando están en la oposición, los partidos de la derecha son los guardianes de las esencias de la ética del buen gobernante, el azote de la corrupción, la expresión más pulcra de la honestidad, el rigor, la solvencia y la gestión de lo público. Pero cuando gobiernan, o quieren hacerlo, empiezan un viraje peligroso, preocupante e irresponsable. Ignoran los hechos, adoptan el papel de víctimas, alientan el bulo de la conspiración y acusan directamente a jueces, fiscales y policías de actuar al dictado de consignas políticas.
Lo que esperamos del señor Mas es que escoja entre dos alternativas: o que admita de una vez por todas los hechos que el fiscal está imputando a dirigentes de su partido, pida excusas y garantice que nunca más se van a volver a producir hechos de esta naturaleza, que, por cierto, sucedieron durante la etapa en que gobernaban Catalunya (no nos olvidemos de eso, porque ahora nos están pidiendo un cambio), de modo que los ciudadanos puedan formarse un criterio, decidir y, en consecuencia, votar libremente; o que, por contra, niegue rotundamente los hechos que se le imputan y se comprometa a que si finalmente la justicia le desmiente, renunciará a su escaño de diputado. Actual y futuro. Así de sencillo. A ver cuánto tarda...
Article publicat a la revista El Siglo el 8/11/2010
Francesc Vallès. Reflexions personals i polítiques
