En un intento de situar al Parlamento en el centro de la vida política, Zapatero quiso, ya al inicio de su primera legislatura, dignificar el papel del Senado. Así, la Cámara Alta adquirió cierto protagonismo cuando se erigió en uno de los cuatro aspectos de una posible reforma constitucional, para convertirla en una verdadera cámara de representación territorial, puesto que en la actualidad sus funciones son más bien de cámara de reflexión o segunda lectura legislativa, y no tanto de representación de intereses autonómicos o territoriales. En la misma línea, Zapatero introdujo el turno de preguntas al presidente en las sesiones semanales de control en el Senado, equiparándolo así al Congreso. Aznar ni se atrevió a asomarse por ahí. Además, hace unos días se tomó en consideración la reforma de su Reglamento para que todas las lenguas oficiales del Estado puedan usarse con normalidad en el pleno de la Cámara. No está nada mal.
Ahora bien, el verdadero protagonismo lo va a adquirir el Senado en unas semanas, cuando se convierta en centro de atención política y mediática con motivo de la discusión y debate de todas las iniciativas políticas y legislativas que el Parlament de Catalunya y el Gobierno de la Generalitat han decidido enviarle, como consecuencia del quinto intento fallido del Tribunal Constitucional de dictar sentencia sobre el Estatut.
El president Montilla decidió liderar la respuesta política e institucional a una situación insostenible para Catalunya y su autogobierno. Montilla ha tomado el mando, y ha decidido impulsar tres iniciativas dirigidas al Senado: en primer lugar, le solicita que reactive el procedimiento para la renovación de los magistrados del TC que llevan más de dos años con el mandato caducado y que el PP bloqueó de forma torticera; en segundo lugar, anuncia la presentación de una Proposición de ley para modificar la Ley orgánica del TC con el objeto de introducir dos nuevos aspectos: de un lado, que no se puedan recurrir estatutos de autonomía que hayan sido ratificados mediante referéndum y, de otro, que aquellos magistrados que transcurridos seis meses desde que hayan extinguido su mandato de nueves años y no hayan podido ser substituidos, pierdan su condición de miembros del alto tribunal. En tercer lugar, Montilla le solicita comparecer ante la Comisión General de Comunidades Autónomas para exponer los motivos que le llevan a la articulación de todas estas iniciativas en defensa del Estatut y del autogobierno de Catalunya. Será una comparecencia de alto contenido y valor institucional, que además va a poder realizarse en catalán.
Montilla ha conseguido lo que nunca antes nadie había logrado: la unidad del catalanismo político representado en el Parlament de Catalunya entorno al Estatut. Ha establecido un procedimiento y un calendario. Lo ha articulado políticamente y ha asumido el liderazgo en la defensa de esa reacción institucional. Sin embargo, a pesar de todas las acciones que están en marcha, parece como si a CiU sólo le interesase una cuestión de entre todas las planteadas: que la votación relativa a la toma en consideración de la Proposición de ley de reforma de la ley del TC se produzca también en el Congreso de los Diputados.
A CiU no le gusta el Senado. Entre otras cosas porque allí no va a tener ni el protagonismo ni la iniciativa legislativa que tiene en el Congreso, puesto que se lo va a levantar tanto el president de la Generalitat en su comparecencia, como la Entesa Catalana de Progrés cuando registre y defienda la iniciativa de reforma del TC. Pero sobre todo, no le gusta porque es en el Congreso y no en el Senado donde podría forzar, a priori, una votación del PSC distinta a la del PSOE. Es entristecedor y políticamente muy pobre que un partido autodenominado nacionalista no tenga otro objetivo político que provocar una votación del PSC distinta a la del PSOE. Pero CiU debería saber que si la Proposición de Ley llega al Congreso será porque el PSOE la ha votado a favor en el Senado. Y en eso está trabajando el PSC: en conseguir el cumplimiento de la resolución del Parlament, salvaguardar el Estatut y renovar a los magistrados del TC. Y es ahí donde debe estar CiU. Al lado del president Montilla, y olvidándose de tácticas filibusteras de regate corto. En CiU se llenan la boca cuando hablan de preservar la unidad del catalanismo político en defensa del Estatut. De ser coherentes y votar lo mismo en Catalunya que en Madrid. Y yo me pregunto: ¿dónde estaban los 10 diputados de CiU cuando el Congreso votó el acuerdo de financiación? En contra de Catalunya y al lado del PP. ¡Ah, y para perder la votación, claro!